Castro, que compareció ante la prensa después de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP, insistió en que los muncipios son autónomos para decidir la instalación en su territorio de un ATC de residuos nucleares.

En el caso de Ascó, Castro considera que su alcalde, Rafael Vidal, se ha ajustado a la ley y ha logrado la aprobación en pleno de un proyecto que contaba con los informes técnicos, económicos y jurídicos necesarios.

"El alcalde ha cumplido la ley a rajatabla y no entiendo que se le pueda sancionar" más que desde el punto de vista de la vida interna de su partido, CiU.

No obstante, y tras defender esa autonomía de actuación, el presidente de la FEMP reconoció que lo "mejor" para adoptar decisiones de esta naturaleza es que haya acuerdo entre las tres administraciones: local, autonómica y estatal.

También el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, consideró que "no se puede sancionar a un alcalde por ejecer sus obligaciones" y llamó al "raciocinio y el sentido común" para abordar la solución de un problema que requiere el "acuerdo de todas las partes".

Zarrías destacó que España genera energía con plantas nucleares y eso, que implica vivir en la primera división de los países desarrollados "conlleva servidumbres" como la de tratar los residuos que se generan.