La cuestión figura en el proyecto de ley de Estatuto de la Víctima del Delito, que esta tarde fue aprobado con competencia legislativa plena por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para su remisión al Senado.

Durante el debate de esta tarde, el PP presentó una enmienda, que sólo contó con el apoyo de UPyD y que no respaldó el PSOE, que permitirá que las víctimas de delitos, entre ellas las de ETA, puedan opinar cuando un juez tenga pensado conceder beneficios penitenciarios a condenados.

En concreto, la enmienda presentada por los populares y apoyada por el partido de Rosas Díez era el “apartado 3 del artículo 13”. En este punto se dice que “antes de que el juez de vigilancia penitenciaria tenga que dictar” resoluciones como permisos o cambios de grado de presos, la Fiscalía “informará tras haber escuchado a la víctima”.

Además, el Ministerio Público “en su informe dejará constancia de las manifestaciones efectuadas por la víctima y, en su caso, de la información que ésta le hubiera aportado”. Esto supone, por ejemplo, que las víctimas de la banda etarra podrían dejar constancia de su rechazo a que a un terrorista se le concediera el tercer grado penitenciario para abandonar la prisión.

“DESCONCIERTO DEL PSOE”

A este respecto, la diputada del PP Julieta de Micheo, que participó en el debate en nombre de su partido, explicó a Servimedia que con esta enmienda demuestran “el interés en ampliar la protección a la víctima, así como sus derechos”.

Al mismo tiempo, esta parlamentaria lamentó “que el PSOE, una vez más, haya antepuesto sus intereses partidistas y electoralista a los derechos e intereses de las víctimas”. Esta representante popular añadió que entendía el “desconcierto” y la “presión” que está sufriendo el partido de Pedro Sánchez, pero reprochó a esta formación que su situación particular le lleve a “priorizar el cálculo electoral” sobre los derechos de las víctimas.

En este sentido, el que las víctimas sean escuchadas antes de dar beneficios penitenciarios a los presos de ETA fue algo que Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, planteó el pasado 4 de noviembre al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Tras un encuentro entre ambos en la sede ministerial, Catalá se comprometió a estudiar la petición de las víctimas en el marco del Estatuto que iba a ampararlas y que estaba siendo tramitado en el Congreso. Éste es el texto legal que este miércoles fue aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja.