Catalá se refirió a esta cuestión en los pasillos del Congreso, donde fue preguntado por la decisión del Supremo, cuyo pronunciamiento sobre esta cuestión, que los jueces han aplazado hasta enero, determinará si siguen en la cárcel medio centenar de etarras.

A este respecto, el ministro dijo que la decisión del Supremo de escuchar al fiscal y a Pikabea sobre las penas cumplidas en Francia es “una demostración más de las garantías en los procesos judiciales”.

El titular de Justicia señaló que, de esta forma, se ha puesto de manifiesto que “en este proceso, como en todos, se cumplen todas las garantías procesales” y que los magistrados del Alto Tribunal tendrán “todos los elementos” para pronunciarse sobre el tiempo de estancia en cárceles de otro país de la Unión Europea. En este sentido, el Ejecutivo español, al trasponer una decisión marco de la UE sobre esta cuestión, aprobó una ley que dice que no pueden descontarse las penas cumplidas en otro país comunitario antes de agosto de 2010, lo que excluiría a históricos presos de ETA.

Además, Catalá dijo que su departamento tiene la “confianza” en que el Supremo dé una pauta común para interpretar correctamente la ley en esta cuestión, después de que dos secciones de la Audiencia Nacional expresaran posiciones contrapuestas sobre si a los etarras deben descontárseles las penas cumplidas en el país galo antes de 2010.