Cocemfe valora positivamente el establecimiento de un plazo máximo de seis meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho a una prestación, acordado ayer por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, aunque el presidente de esta organización, Mario García, considera "primordial realizar profundos cambios en la normativa y en el desarrollo que está teniendo puesto que la cartera de servicios debería comprender servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal y no se ha desarrollado nada".

“Hay que superar este modelo asistencialista para poder prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas; y para ello es imprescindible mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones (local, autonómica y central) y poner en marcha actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas con discapacidad y a aquellas que se vean afectadas por procesos de hospitalización complejos”, añadió García en un comunicado.

El presidente de la entidad subrayó que “pasados ya tres años desde la entrada en vigor de la norma, y tal y como estipula la propia ley, ha llegado el momento de evaluar resultados y realizar las modificaciones necesarias para la óptima implantación de este sistema en el que el sector de la discapacidad había puesto muchas esperanzas y está comprobando que no cumple con sus expectativas y necesidades”.

Asimismo, Cocemfe también hizo un llamamiento a los consejeros de Política Social que ayer acudieron al Consejo Territorial para que en sus respectivas comunidades autónomas "cambien de inmediato la tendencia de recortar subvenciones a programas específicos para personas con discapacidad".

El principal problema, según García, es que “muchas comunidades autónomas donde se concedían ayudas y subvenciones para las organizaciones de la discapacidad están recortando dichas ayudas amparándose en que no son situaciones de dependencia. Quieren hacer pasar por la Ley de Autonomía Personal cualquier necesidad o planteamiento del sector de la discapacidad, por lo que si no hay dependencia para estas administraciones tampoco hay discapacidad”.