Para De la Mata, “por un lado se trata de una injerencia injustificada de lo religioso en el ámbito de la Administración Pública, algo que, por otro lado, no resulta novedoso con este equipo de gobierno, y, por otro, se vulnera la Ley de Capitalidad”. En concreto su artículo 31, en el que se explicita que el Ayuntamiento prestará los servicios que “no estén expresamente atribuidos a otra Administración Pública”.

En su opinión, no corresponde encomendarlos a servicios complementarios, como prevé la ley, porque las terapias que se prestan en este Centro de Escuchas son objetivo de los centros autonómicos de salud mental y, por tanto, se duplicarían.

La concejala de IU añadió que "llueve sobre mojado, ya que en 2012 esta misma orden religiosa fue contratada por el área de Servicios Sociales como entidad formadora de lo que, en principio, iban a ser unas jornadas de trabajo con los trabajadores/as sociales para elaborar un plan de atención social primaria".

"Al final acabó siendo, según los participantes, una actividad formativa sobre ‘Counseling’ (prevención y atención de problemas de la vida cotidiana o conflictos relacionados con crisis vitales tales como sexualidad, adolescencia, relaciones de pareja, adicciones…) que, casualmente, es uno de los servicios que ofrece la mencionada orden", ironizó De la Mata.