La directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, Halya Gowan, destacó que "la práctica sistemática del desalojo forzoso, sin el debido procedimiento de consulta, notificacion y ofrecimiento de alojamiento alternativo, perpetúa la segregación racial y vulnera las obligaciones internacionales contraídas por Rumanía".

Además, esta organización solicitó al Gobierno de Rumania que reforme su legislación sobre vivienda para que incorpore las normas internacionales de derechos humanos, con especial atención a la vivienda.

En Rumania hay casi 2,2 millones de romaníes, que representan el 10% de la población total. El 75% de este colectivo vive en la pobreza, por el 24% de la población rumana y el 20% de la comunidad de origen húngaro.

Amnistía señaló que el desalojo forzoso vulnera las obligaciones contraídas por Rumania en virtud de normas internacionales y regionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exigen que todas las personas tengan un grado mínimo de seguridad de tenencia y protección legal frente al desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

La semana pasada, Amnistía Internacional envió una carta a la Presidencia española de la UE en la que pide que los países comunitarios aborden la "violación continua" de los derechos humanos que sufre, a su juicio, el pueblo romaní en Europa.

El director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE, Nicolas Beger, afirmó que la comunidad gitana representa "uno de los ejemplos más evidentes de minoría de la UE que sufre tanto la pobreza como la marginación. Parece que todavía es aceptable tratarlos de forma diferente y esto es totalmente inaceptable".