Según el auto, se desestima la medida cautelar de suspensión y se permite así que la compañía continúe con la búsqueda activa de petróleo y gas.

El Gobierno de Canarias había solicitado esta medida cautelar que finalmente no ha sido aceptada, si bien se ha producido un voto particular.

"En definitiva, se aprecia en apariencia que el procedimiento seguido para la autorización ha sido conforme a derecho, dando cumplimiento a la legislación de aplicación en respuesta a su carácter reglado", apunta el auto.

No obstante, contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días desde su notificación a las partes, mediante escrito presentado ante este tribunal.

VOTO PARTICULAR

En su voto particular, el magistrado Helmuth Moya Meyer dice no compartir la aplicación de la doctrina de la apariencia de buen derecho que se propugna en el auto.

En su opinión, las pérdidas económicas que sufriría Repsol por la interrupción de los sondeos "no serían sino una consecuencia de haberse querido imponer por la fuerza de los hechos".

"La celeridad con la que se planificaron los sondeos, a pesar de que era previsible que se acabarían interponiendo recursos contra la autorización de los mismos, es indicativa de que esta situación ha sido buscada deliberadamente y no puede invocarse como un interés digno de protección", señala.

En este sentido, añade que "una sosegada ponderación de los intereses en juego, sin enarbolar irreflexivamente la bandera del interés nacional y sin ceder a unas prisas que solo benefician a Repsol, debió optar por proteger de manera preferente los intereses medioambientales, el valiosísimo patrimonio natural que pertenece a toda la humanidad, que es puesto en peligro porque no hay seguridad de que la decisión de autorizar los sondeos haya sido tomada con la necesaria independencia y objetividad".