“La fijación por ley de esos plazos máximos, sin actuar sobre las causas reales que ralentizan los asuntos, es una medida de mera propaganda, que no va a permitir resolver los procedimientos de manera más rápida”, aseguró en su escrito el portavoz de este colectivo de jueces.

Según su opinión, “la fijación de un plazo máximo para las investigaciones penales en estas condiciones puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones, que pueden ser especialmente preocupantes en los casos de corrupción”.

FALTA DE MEDIOS

En este sentido, Bosch denunció que “resulta mucho más sencillo maquillar una ley en el Parlamento que afrontar las reformas estructurales que necesita nuestro deteriorado sistema judicial” y se quejó de la “incapacidad” del Gobierno de Mariano Rajoy para preparar un nuevo Código Procesal Penal.

Asimismo, el representante de JpD acusó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, de no explicar “cuáles son las inversiones en los recursos materiales y personales que permitirán que se puedan cerrar las investigaciones penales en los plazos indicados” en su comparecencia tras aprobar esta reforma.

A este respecto, Bosch aseguró que los juzgados “carecen de los recursos materiales más elementales y necesitan más peritos especializados y policía judicial” que dependa de los tribunales. “No resulta admisible que en España los corruptos tengan más medios para eludir la acción judicial que los juzgados para perseguirles”, arguyó.

Por último, concluyó que es sorprendente que “sigan si resolverse cuestiones básicas y que, a la vez, se exijan plazos que de antemano se sabe que son imposibles de cumplir”. Por ello, reclamó un pacto de Estado para la Justicia, en el que las fuerzas políticas “se comprometan de verdad a la modernización del sistema judicial”.