Dependencia. Valencia recrimina a Zapatero tener que financiar el 70% de la Ley en 2010
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La consejera de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Angélica Such, aseguró hoy, tras la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, que en 2010 “la Generalitat seguirá financiando el 70% del coste de la aplicación de la Ley de la Dependencia", ya que, dijo, "el Gobierno central ha decidido reproducir el modelo de financiación aplicado en 2009, un modelo que según el comité de expertos nombrado por el Congreso, descarga el peso de la financiación en las comunidades autónomas”.
Such, tras el pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad y Política Social, explicó que las cantidades económicas que recibirán las Comunidades de fondos procedentes del Estado por cada dependiente atendido con cargo al nivel mínimo “aumentan en un 1% respecto al pasado año".
En su opinión, "se trata de cuantías claramente insuficientes para financiar el sistema y que muestran que seguimos exactamente igual que en 2009, cuando destinamos 185 millones de euros frente a los 74 millones que aportó el Estado".
"Existe una falta de seguridad económica puesto que se desconocen las cantidades de nivel acordado para 2010, y los criterios de reparto de tales fondos”, aseveró.
Durante la reunión del pleno se ha acordado también el proyecto del Real Decreto que regula las cantidades económicas que percibirán los dependientes por la vía de prestaciones económicas, cantidades que aumentan en un 0’3% las de 2009.
A este respecto, la consejera señaló que las cuantías en el caso de prestación económica vinculada al servicio, especialmente residencial, no alcanzan el coste del mismo, y, por tanto, “perjudica económicamente a los usuarios que optan por esta prestación económica frente a los que solicitan la prestación de servicios”.
En este sentido, reclamó una reforma del sistema “para que este sea sostenible”, y puntualizó que “las cuantías de las prestaciones, especialmente en el caso de la residencial y más particularmente en el ámbito de la discapacidad, deberán ser revisadas en profundidad”.
Finalmente, sobre el acuerdo sobre los órganos de procedimientos de valoración de la situación de dependencia, la consejera señaló se recoge el modelo que se ha desarrollado en la Comunidad, donde todos los valoradores que trabajan en la aplicación del sistema “han pasado por un curso de 220 horas y, por lo tanto, triplican las horas de formación que se recogen en el mismo”.
(SERVIMEDIA)
25 Ene 2010
CDM/lmb