Así lo dijo, en declaraciones a Servimedia, José Manuel Sánchez Fornet, agente de la Policía Nacional y portavoz general de este observatorio, después de que ayer tuviera lugar la XXIV Reunión Nacional de jueces decanos, en la que pidieron leyes más duras contra la corrupción, penas mayores, el retraso de la preinscripción de delitos y más medios para hacer su trabajo.

“Me parece que, si el Gobierno tuviera sentido común, cogería el acta de resolución de este encuentro de los jueces y empezaba a aplicarlo ya”, subrayó Sánchez Fornet, al tiempo que calificó de “acierto de pleno” las propuestas de los jueces para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Los decanos españoles pidieron ayer el incremento del número de jueces, la reforma del sistema de indultos, la revisión de los aforamientos y la introducción de nuevos delitos, como el enriquecimiento ilícito o la financiación ilegal, entre otras medidas para agilizar los procesos judiciales, sobre todo en los casos de corrupción.

INCLUIR EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Entre todas las propuestas de los jueces, el representante del OCC hizo hincapié en la importancia de incluir el delito de enriquecimiento ilícito. En este sentido, explicó que “es fundamental que cuando alguien aparezca en una investigación de un caso de corrupción tenga que acreditar que los bienes que tiene se corresponden con el salario ganado”.

Igualmente, Sánchez Fornet aseveró que “los delitos de corrupción no tienen por qué prescribir” y, por ello, apoyó la medida de ampliar los plazos de prescripción de delitos. “Desde el Observatorio, no entendemos por qué la ley tiene que dar una garantía de plazo al corrupto”, criticó.

Por último, dijo que “los jueces y la justicia en España todavía son uno de los pocos elementos que quedan para salvar al sistema de la corrupción”, aunque reconoció que no confía en que el Ejecutivo tome nota y aplique estas medidas, dado que, a su juicio, “el Gobierno no tiene claro cuál es la situación de corrupción del país”.