Su participación tuvo lugar en el 'Fórum OCDE 2014 sobre la Financiación de la Democracia: objetivos, audiencia y estructura', que se desarrolla en París hasta mañana. En concreto, participó en una mesa redonda titulada 'Un balance de dónde estamos en la financiación de la democracia: Desafíos futuros', moderada por Rolf Alter, director de Gobernanza Pública de la OCDE, y en la que, junto al representante del Gobierno español, estuvieron miembros del Parlamento Europeo y de Gobiernos de cuatro países más.

En su repaso de las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha, Ayllón explicó que “los mecanismos clave de la regeneración son la transparencia, el control y una adecuada y rápida sanción”. Señaló que la legislación sobre financiación de partidos que está impulsado el Gobierno en estos momentos “es la más ambiciosa que nos hayamos planteado en estos 36 años de democracia”.

“Podemos decir con rotundidad que, desde que configuramos el sistema de partidos en el año 1978 hasta hoy, hemos ido avanzando desde una situación sin apenas límites en la financiación privada, hasta la situación que queremos propiciar con nuestras medidas, en la que existirán límites muy restrictivos que buscan evitar los riesgos y los efectos perversos del sistema”, dijo.

También destacó medidas como la comunicación individualizada al Tribunal de Cuentas y la publicación web de todas las donaciones superiores a 25.000 euros con identificación del donante, la obligación de las entidades de crédito de informar anualmente al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones ingresadas en las cuentas de los partidos, así como la publicación de información contable, incluyendo balance y cuenta de resultados, créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el tipo de interés, el plazo de amortización, además de subvenciones y donaciones.

Estas se suman a otras como la prohibición de las donaciones a los partidos procedentes de personas jurídicas, la reducción a 50.000 euros del límite de donaciones de personas físicas a partidos políticos, la prohibición de las condonaciones de deuda a los partidos políticos por entidades de crédito, etc.

También destacó las medidas destinadas a garantizar un control efectivo del dinero con que se financia la política, entre las que ha citado la obligación de abonar las donaciones en cuentas abiertas exclusivamente a tal efecto, que habrán de comunicarse al Tribunal de Cuentas; la de que todos los partidos sin excepción presenten sus cuentas y la de que el responsable de la gestión económica-financiera del partido comparezca ante el Parlamento.

Ayllón apostó por una adecuada sanción administrativa y penal de las infracciones y delitos que se produzcan en estos ámbitos, ha recordado que el Gobierno ya ha recuperado en esta Legislatura la tipificación del delito de financiación ilegal de partidos.

Destacó que la ampliación de los plazos de prescripción en un 50 por 100, junto al incremento de la duración de las penas de inhabilitación para los delitos más directamente vinculados con la corrupción, son medidas de un enorme valor, a las que se suman las iniciativas previstas para que los procesos judiciales sean más rápidos y eficaces y cuenten con potentes instrumentos que coadyuven a la recuperación de lo sustraído.

En el tramo final de su intervención ante los expertos y representantes gubernamentales presentes en el Fórum de la OCDE, Ayllón destacó el refuerzo que las medidas del Gobierno supondrá, no sólo para la fiscalización, sino también para la calidad democrática, y recordó medidas como la obligatoriedad de que los partidos políticos prevean en sus estatutos unos mínimos éticos, el establecimiento de normas internas de contratación y la adaptación de los estatutos a unos estándares democráticos homogéneos.