Así aparece reflejado en un documento elaborado por el Gobierno, al que tuvo acceso Servimedia, que recoge las 70 medidas defendidas por Rajoy en el debate que protagonizó en el Congreso sobre los proyectos de ley de control de la actividad económico y financiera de los partidos y la ley reguladora del ejercicio del alto cargo público.

Este texto indica que se podrá declarar judicialmente la extinción de los partidos que no hayan presentado sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas “durante tres ejercicios consecutivos o cuatro alternos” o bien “por incumplimiento de la obligación de adaptar los estatutos a la ley”.

El Gobierno presentará estas propuestas, “a partir de esta tarde”, a través de enmiendas parciales del PP a la ley de control de la actividad económica de los partidos y a la ley reguladora del ejercicio del alto cargo público, así como al proyecto de ley de modificación del Código Penal, con el que se endurecen las penas, y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Rajoy plantea, además, “una nueva regulación del comiso”, para así “facilitar la recuperación de los activos mediante la introducción de presunciones y la modificación de la carga de la prueba”.

ILP EN COMISIÓN

El documento del Gobierno recoge también como novedad la comparecencia en la comisión "correspondiente del Congreso" de los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con carácter previo “a la toma en consideración por el Pleno”.

En el marco de la Ponencia de reforma del Reglamento del Congreso, el PP defendía la comparecencia en Comisión mientras que la mayoría de los grupos de la oposición defendían que se debatiera en pleno, en el primer trámite de toma en consideración.

Por otro lado, las medidas planteadas por Rajoy recogen "la prohibición de tarjetas de crédito a cargo de la Administración para pago de gastos de representación del alto cargo", semanas después del escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid.

El texto también recoge la imposibilidad de un nuevo nombramiento de un cargo público durante “un periodo entre cinco y diez años en caso de infracciones muy graves y graves”, así como que haya “mayores exigencias para la creación de organismos públicos”. “Se exigirán razones justificadas, inexistencia de duplicidades”, recoge el texto.