En un auto de 205 páginas, Ruz da por concluida la investigación de la primera etapa de la investigación referida a las finanzas del Partido Popular entre los años 1999 y 2005 y considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas, por lo que ahora abre un plazo de 30 días para que la fiscalía y las demás acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o en su caso el sobreseimiento de la causa.

El juez achaca provisionalmente a los encausados un total de 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

Según el magistrado, las diligencias practicadas no arrojan indicios sobre el eventual conocimiento por parte de Acebes de que las operaciones de suscripción de acciones de Libertad Digital se llevaran a cabo, entre otros, por el extesorero del PP Luis Bárcenas a través de su mujer, empleando fondos opacos del partido a través de su gerente y su tesorero.

`MODUS OPERANDI´

El juez se remonta a los año 90, cuando el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, comienza a desplegar su actividad laboral a través de sociedades en manos de personas de su total confianza para ocultar la titularidad real de sus bienes. La red se fue especializando en organizar eventos y campañas electorales del PP, al tiempo que aprovechaba sus contactos con responsables orgánicos del partido para conseguir adjudicaciones públicas.

El entorno de Correa, explica Ruz, se encargaba de hacer regalos en contraprestación a los funcionarios y autoridades que intervenían en la obtención de contratos para sus empresas. Además, se tejió otra estructura societaria en el extranjero para ocultar y transformar su patrimonio obtenido de actividades ilícitas y ocultas a la Hacienda Pública.

El auto detalla que a partir de las relaciones entabladas con distintos responsables políticos del partido, el grupo de Correa comenzó a trabajar en la Comunidad de Castilla y León y en la de Madrid. Recoge irregularidades en las adjudicaciones de los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo a cambio de regalos, dinero en efectivo o prestación de servicios.

Ruz considera que hay indicios suficientes para afirmar que distintas entidades y consejerías realizaron contratación pública durante los años investigados que se apartó de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, tramitando los expedientes de contratación con infracción de ley, adjudicando directamente los contratos a Correa.

El sistema ideado por el responsable financiero de la trama Gürtel, Luis de Miguel, para ocultar los fondos obtenidos por la organización sirvió posteriormente a los responsables del PP con los que trabajaba Correa para la intermediación en operaciones inmobiliarias.

Así, Correa puso a disposición de “determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y el origen de sus fondos”. El juez dedica un apartado a las contrataciones irregulares en la Comunidad de Castilla y León, donde tuvieron un papel destacado Bárcenas y Jesús Merino, que recibieron regalos y comisiones de la red.

Sin perjuicio de la investigación de los `papeles de Bárcenas´, Ruz señala que Bárcenas se apropió de fondos del Partido Popular, mediante el registro de una `caja B´ en el partido entre los años 1990 y 2008 que se nutría de “donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial” y que fue destinada, según todos los indicios, “al pago de gastos generados en campañas electorales, el pago de complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al partido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido político”.

El magistrado recuerda que durante la instrucción se han practicado varios registros, se ha tomado declaración a más de 100 imputados, más de un centenar de testigos, se han librado 190 comisiones rogatorias a 21 países, se han practicado periciales, certificaciones de registros e intervenciones telefónicas y se ha requerido documentación a diversas entidades financieras.