Como ponente de la proposición, que supondría una modificación de la Ley de Haciendas Locales, habló Joan Rangel, quien comenzó declarándose municipalista y diciendo que le “duele en el alma” el “desmantelamiento del gobierno local”, que a su juicio está quedando ”convertido en una administración tutelada y dirigida de forma centralizada por el Gobierno español”.

Criticó las disposiciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Administración Local que, castigando por igual a “justos y pecadores” como la ciudad de Madrid, han evitado “de facto” que los ayuntamientos inviertan su superávit y remanente de deuda más que en inversiones sostenibles que se limitan a 2014 y para las cuales pidió un marco estable para permitir a los municipios invertir y mejorar su gestión.

Además, criticó que la austeridad presupuestaria se ha impuesto sobre todo a comunidades autónomas y entidades locales, cuando nueve de cada diez de éstas últimas están arrojando superávit.

Así, preguntó al PP si van a permitir que los ayuntamientos destinen ese superávit a inversiones para “hacer las cosas mejor para los ciudadanos” o si van a seguir siendo “rehenes de la consolidación fiscal” para ahorrar casi 6.000 millones adicionales entre 2015 o 2016 a costa de menos servicios, peor calidad de vida y menos posibilidades de futuro. El estado actual de las cosas, dijo, está “mal resuelto” y sujeto a un confuso conglomerado de normas.

PP

El diputado del PP Rafael Merino contestó al PSOE acusándole de actuar a remolque de las propias iniciativas del Gobierno y de plantear una propuesta hacia el despilfarro y el descontrol como el que dijo que dejó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora se han corregido.

Recordó que la FEMP ya pidió que se empezaran a flexibilizar las medidas de austeridad y los ayuntamientos pudieran hacer inversiones sostenibles y que el Gobierno central ya se comprometió a permitir a los ayuntamientos más eficaces en su gestión a utilizar su superávit.

Merino preguntó a los socialistas por qué ponen palos en la rueda cuando este recorrido se ha ido haciendo permanentemente entre la FEMP y el Gobierno en la Comisión de Administración Local que les sirve de foro de encuentro. Según dijo, esta proposición no de ley se presentó en marzo 10 días después de que el Gobierno aprobara el decreto correspondiente para permitir esas inversiones sostenibles, del que dijo que la iniciativa socialista es sólo “una mala copia”.

Así, defendió supuestas ventajas del decreto sobre la propuesta del PSOE como que las inversiones no hagan caer las cuentas en superávit y que primero se paguen las obligaciones pendientes y criticó que la iniciativa del PSOE incluya tipos de inversiones como los festejos populares y las pensiones y en cambio no incluyan la gestión del alumbrado y los parques públicos.

Merino aseguró que el PP defiende la autonomía local pero con financiación suficiente y reivindicó que el Gobierno central ha aprobado el Plan de pago a proveedores para pagar más de dos millones de facturas, asegurando la liquidez de los ayuntamientos y pidió al PSOE “que no se deje arrastrar por los populismos” y “vuelva a la sensatez” y retirara su propuesta para sumarse a los avances que los municipios ya están experimentando, a su juicio, con los acuerdos de la Comisión de Administración Local.

CiU E IZQUIERDA PLURAL

En representación de CiU, Carles Páramo dijo que su grupo siempre aprobaría cualquier iniciativa que potenciara el mundo local, que se ha demostrado una administración eficiente y a la que se ha constreñido como consecuencia del intento de recentralización del Gobierno del PP que también ha afectado a las comunidades autónomas.

Defendió a las entidades locales como potentes herramientas para dinamizar la economía en todo el Estado y crear empleo, con obras de infraestructura como renovación de instalaciones, pero rechazó que los socialistas incluyan como inversiones sostenibles las pensiones y los festejos de tiempo libre, y no , por ejemplo, y aprovechando la efeméride, actuaciones contra la violencia de énero. En cambio, propuso como como criterios para definir las inversiones sostenibles que no se comprometan el gasto futuro, no recorten otras partidas presupuestarias

Por parte de La Izquierda Plural, Ascensión de las Heras criticó las restricciones “inmisericordes” y el déficit cero como principio rector, y el que los ayuntamientos ni siquiera puedan emplear su superávit por las exigentes condiciones de la Ley de Estabilidad y la merma de competencias de los municipios impuesta por la reforma local.

Rechazó que todo tenga que pasar por las “premisas kafkianas” del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y suscribió que se dé más margen de maniobra a los ayuntamientos, aunque discutió que entre las inversiones sostenibles que el PSOE pide que se autoricen se encuentren los festejos taurinos y no incluyan planes de empleo local.

Adelantó que no toleraría que entre dichas inversiones se colaran privatizaciones, y abogó por cuestionar también la tasa de reposición de personal en las administraciones locales, por lo que apostó por una derogación radical de la Ley de Administración Local, pero mientras haya mayoría de izquierda en la cámara anunció que su grupo votaría a favor de la admisión a trámite.

UPYD, PNV, GRUPO MIXTO

Desde UPyD, Álvaro Anchuelo comenzó dudando de la credibilidad del PSOE para presentar una propuesta de inversiones locales cuando el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó las dos ediciones del Plan E, con 13.000 millones dedicados a inversiones justificadas que sólo crearon un empleo temporal, pero concedió que ahora los ayuntamientos tienen las cuentas en equilibrio, aun a costa de recortar servicios y no reducir estructuras innecesarias.

Sin embargo, pasando lista a las inversiones que el PSOE presentaba como sostenibles, y como también hizo La Izquierda Plural, enumeró actividades deportivas o festejos populares que no tienen que ver con crecimiento sostenible, por lo que las vinculó a la proximidad de las elecciones municipales.

Criticó que la reforma local no ha cumplido con su necesario objetivo de clarificar competencias, sino que ha servido para reducir servicios de los ayuntamientos, y ha ignorado la fusión de municipios y supresión de diputaciones provinciales que siempre ha defendido UPyD y la asignación de impuestos locales, por lo que anunció que votaría a favor de la admisión a trámite para replantear el tema local aunque luego limara los aspectos negativos

Por el PNV, Pedro Azpiazu adelantó que votaría a favor de la admisión a trámite de la iniciativa aunque no vaya a aplicarse en el País Vasco y Navarra, que tienen su propio régimen local, y llamó a dejar actuar a los ayuntamientos y no actuar de policía sobre ellos.

Desde el Grupo Mixto, Joan Baldoví , de Compromís-Equo, dijo que la proposición socialista le parecía “razonable” y se quejó de que se penalice a las administraciones que mejor gestionan sus recursos.

Por eso, apostó por admitir a trámite la iniciativa y mejorarla en su curso parlamentario, frente a la recentralización y supresión de competencias a los ayuntamientos que a su juicio propone el PP, de forma que las entidades locales puedan decidir en qué invierten sus recursos.

Olaia Fernández Dávila, del BNG, también anunció su voto a favor para activar la economía y la creación de empleo, porque los ayuntamientos deben tener autonomía para decidir inversiones e influir en el crecimiento y el empleo. Criticó que la reforma local limita competencias y capacidad de rendir servicios en condiciones y contribuye a crear desempleo.