La presentación de la recusación motivó la suspensión de la declaración de Senante y de otros directivos de la SGAE mientras la Sala decidía. En ese período de tiempo el juez Pablo Ruz fue sustituido por Santiago Pedraz.

También quedaron suspendidas las declaraciones de los testigos Juan Nebreda de Nicolás, que fue director de socios y clientes de la SGAE, y del exdirector de gestión de la información Juan Manuel Macarro Arrojo, así como la del ex secretario general de la SGAE, Francisco Galindo.

Ruz remitió un informe a la Sala de lo Penal contra la petición de recusación en el que rechazaba los argumentos de la defensa de Neri, que argumentaba que la intención del magistrado era “mantener la imputación a toda costa” y le acusaba de "imponer a los imputados graves e injustificadas medidas cautelares”.

A la recusación presentada por Neri se sumaron otros ocho imputados: Rafael Ramos Díaz, Elena Vázquez Serrano, Sara Ramos Vázquez, Eva García Pombo, María Antonia García Pombo, Celedonio Martín Mateos, Juana Rodríguez Neri y Leticia Rodríguez Álvarez. El rechazo se extiende también a ellos.

Para la Sala, “es claro que el magistrado recusado en absoluto ha actuado de manera parcial habiendo adoptado una serie de decisiones que le vienen atribuidas por ley, admitiendo y denegando pruebas, resolviendo cuestiones relacionadas con el ejercico del derecho de defensa o para garantizar la efectividad de los derechos de las partes”.

En consecuencia deniega la recusación hecha a la petición de nueve imputados y les impone el pago de las costas procesales causadas por la tramitación del expediente.