Así consta en la propuesta que ha llevado el PP a la ponencia que estudia la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, en la que defiende también la aprobación, por resolución de la Mesa, de un Código de Conducta al que deberán someterse, y de las normas de funcionamiento del registro, su publicidad y la transparencia de sus actividades.

Por disposición adicional, el PP pretende que ese registro esté creado seis meses después de aprobarse la reforma.

El PP considera que debe ser considerado grupo de interés “aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros.

Todos los que quieran mantener encuentros con diputados o con el personal adscrito a su labor parlamentaria, con el objeto de trasladar sus propuestas en defensa de sus intereses, deberán previamente inscribirse en un registro público adscrito a la Secretaría General del Congreso de los Diputados.

Esa inscripción deberá contener el nombre y apellidos o la razón social, el NIF o CIF de la persona física o jurídica, la dirección postal, la designación de las personas físicas autorizadas para los encuentros en el caso de personas jurídicas, datos de contacto, y entidad o entidades representadas.

La inscripción en el registro conlleva el acatamiento de una serie de normas de conducta, entre las que figura la obligación de indicar siempre las entidades a las que representan y declarar los intereses que persiguen.

También se comprometen a no obtener ni intentar obtener información o decisiones de forma deshonesta, o mediante un comportamiento inadecuado.

Asimismo, dice el PP en su propuesta, no darán a entender, en su trato con terceros, que tienen una relación formal ni personal con los diputados ni con su entorno, ni falsearán los datos de su inscripción en el registro de forma que puedan inducir a error.

Además, se comprometen a no vender, comercializar de ningún modo ni realizar actos con ánimo de lucro con la documentación obtenida del Congreso, y a no incitar a los diputados ni a su personal a infringir las normas de comportamiento.

La infracción de las normas, dice también la propuesta del PP, supondrá la cancelación de la inscripción en el registro y/o la prohibición de acceso a la Cámara durante el periodo de tiempo que decida la Mesa en función de la gravedad de la infracción.