El Gobierno admite que la Generalitat de Cataluña tiene competencia para dictar la normativa autonómica relativa a comercio interior, pero señala que el artículo 149 de la Constitución reserva al Estado la competencia para dictar normativa básica en la materia, y que están en vigor la Ley de horarios comerciales de 2004 y la de ordenación del comercio minorista de 1996, modificada en 2012 por el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Según el recurso, la Generalitat vulnera la legislación estatal al establecer un régimen más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa estatal porque establece un máximo semanal de 72 horas cuando ésta última establece que dicha limitación máxima tiene que ser como mínimo de 90 horas.

Por otra parte, la ley catalana excluye del horario comercial general de los establecimientos de venta personalizada o en régimen de autoservicio, siempre que la superficie de exposición y venta de éstos no supere los 150 metros cuadrados, y la ley estatal concede plena libertad horaria a los que tengan una superficie inferior a 300.

En tercer lugar, los criterios para la consideración de municipio turístico que establece la normativa autonómica no cumplen los mínimos que reconoce la normativa básica sobre zonas de gran afluencia turística.

Y, por último, los períodos estacionales para la venta en rebajas que dispone la Generalitat tampoco respetan la regulación básica, que da libertad a los comerciantes para determinar tanto los periodos en los que se efectuará la venta en rebajas, como su duración.