Fomento incoó el pasado martes un expediente sancionador contra Greenpeace por una presunta infracción contra la ordenación del tráfico marítimo (tipificada con hasta 300.000 euros de multa) después de los incidentes ocurridos este sábado en aguas de Lanzarote, cuando una activista de la ONG fue hospitalizada tras las embestidas de lanchas de la Armada para evitar que los ecologistas subieran al barco contratado por Repsol para hacer prospecciones petrolíferas en Canarias.

En ese expediente figura la retención del barco de Greenpeace hasta que esta organización deposite un aval o garantía de 50.000 euros y designen un domicilio en España a efectos de notificaciones.

A bordo del ‘Arctic Sunrise’, Soto declaró a Servimedia que Greenpeace presentará próximamente un recurso en el que solicitará que el barco pueda navegar por considerar “desproporcionado” el aval de 50.000 euros. “Esperamos que el Gobierno entre en razones y podamos llegar a un acuerdo”, añadió.

Soto indicó que Greenpeace cuenta con domicilio jurídico y el barco está abanderado en Holanda, y mostró su disconformidad con el pago de la fianza, no así con el de la posible multa.

“Nosotros siempre pagamos las multas y si las autoridades españolas finalmente consideran que se trata de una infracción, se pagará. Pero no tiene sentido ese aval o garantía para una organización que tiene sede y barco en la UE. Si el expediente sigue adelante y somos declarados culpables, no habrá ningún problema en abonar la multa”, apuntó.

22 DÍAS PARA ALEGAR

Por su parte, fuentes del Ministerio de fomento consultadas por Servimedia confirmaron que la organización ecologista sigue sin presentar alegaciones al expediente abierto por la Dirección General de la Marina Mercante porque los activistas de Greenpeace invadieron la zona de exclusión de una milla sobre el barco contratado por Repsol.

Asimismo, explicaron que el plazo para alegar es de 22 días, por lo que concluirá alrededor del 10 de diciembre, si bien la Marina Mercante dispone de un máximo de un año para emitir una resolución sobre el expediente.

Ese expediente se refiere únicamente a la invasión de la zona de exclusión, delito que puede conllevar una multa máxima de 300.000 euros. En el caso de producirse alguna denuncia por otros actos no sería responsabilidad de este organismo de Fomento.

Este jueves tuvo lugar el relevo de capitanes del ‘Arctic Sunrise’. Joel Stewart, que comandó el barco durante la protesta contra las prospecciones, cedió el mando a Pep Barbal.