La Fiscalía atribuye a Mas, a su vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación, Irene Rigau, un delito de desobediencia grave cometido por autoridades públicas, penado en el artículo 410 del Código Penal con entre seis meses y dos años de inhabilitación y multa de tres a doce meses.

El delito de usurpación de funciones u obstrucción a la justicia cometido por una autoridad o funcionario público es el único penado con prisión de entre seis meses y un año. El artículo 508.1 del Código Penal establece además multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

También les achaca un delito de prevaricación administrativa continuada, penada en los artículos 404 y 74.1 del Código Penal con inhabilitación para ejercer cargos público por un periodo de entre siete y diez años.

Finalmente, el delito de malversación de caudales públicos, pendiente de cuantificar con la evaluación de lo gastado en publicidad, mantener la web, emitir papeletas y abrir los colegios e institutos para la jornada de votación, está castigado según el artículo 433 con la suspensión para ejercer cargos públicos de seis meses a tres años y la devolución de las cantidades.

En caso de que Mas no reintegrara lo gastado si fuera condenado, se le aplicaría el artículo 432 del Código Penal, que establece penas de prisión.