El organismo supervisor advierte en el informe, elaborado a petición de Hacienda, del riesgo de que las empresas de nueva creación en el negocio del suministro de estos equipamientos pujen en los contratos públicos en inferioridad de condiciones respecto a las compañías más consolidadas.

“En un sector donde la rotación de empresas es elevada (como es el caso de la distribución comercial de equipos audiovisuales), el cierre del mercado podría favorecer a operadores incumbentes frente a nuevos entrantes, limitando con ello la competencia efectiva”, señala el documento, publicado hoy.

La CNMC propone “sustituir el Acuerdo Marco por un Sistema Dinámico de Contratación, para evitar el cierre efectivo del mercado a la libre competencia durante el plazo de vigencia del mismo”. En cuanto a los criterios de solvencia de las empresa, aboga por que “no se erijan barreras de acceso injustificadas a la licitación”, ya que se exige que el volumen de negocios sea igual o superior a 150.000 euros en la suma de los tres últimos ejercicios.

La CNMC propone dos opciones para el procedimiento de adjudicación que se dividen en dos fases. La primera opción sería establecer unos criterios de solvencia relativamente laxos para que el número máximo posible de empresas pasen a segunda fase y compitan en el criterio de adjudicación relativo a la oferta económica en los contratos derivados del mismo. La segunda opción sería introducir ya el criterio del precio en la adjudicación del Acuerdo Marco para tenerlo en cuenta en la selección de empresas que pasan a segunda fase, la relativa a la adjudicación de los contratos derivados. Además, se plantea en el informe la posibilidad de reconsiderar la ponderación de ciertos criterios, revisar la proporcionalidad de ciertos umbrales mínimos e intentar potenciar la evaluación mediante fórmulas objetivas.

En todo caso, el informe valora favorablemente que, a diferencia de otros pliegos de concurso examinados por la CNMC en relación con la contratación centralizada, se tome como referencia la suma de los tres últimos ejercicios, sin establecer un umbral concreto para cada año. Además, es también positivo el hecho de que si no se dispusiera de dichos datos (por ejemplo, por razones relacionadas con el inicio de la actividad), se aplicaría el criterio de forma proporcional para los años para los que se disponga de los mismos, no perjudicando a empresas de reciente creación.