Así lo reclamaron a las puertas del Hospital Ramón y Cajal, donde esta semana la mujer de un paciente de hepatitis C permaneció cuatro días en huelga de hambre para exigir el suministro de los medicamentos a su marido. “Satu ha sido el primero en recibir el tratamiento después vernos obligados a ponernos en huelga de hambre, pero aún hay 300.000 pacientes con hepatitis C en España, 30.000 enfermos con cirrosis, nos tienen que dar la medicación ya. Es nuestro derecho”, reseñó el portavoz de la Plataforma, Mario Cortés.

La protesta, a la que acudieron miembros de la plataforma, afectados, familiares y profesional sanitario, contó también con la participación de los intérpretes Carlos Bardem y Shangay Lily, además del portavoz del Grupo de La Izquierda Plural en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano. Durante la manifestación, los presentes pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, y del presidente de la Comunidad, Ignacio González.

“La ministra Ana Mato salió en todos sitios anunciando que a partir del 1 de octubre estaría el tratamiento a disposición de todos los enfermos. A fecha de hoy, no se siguen dando. Además, para demostrar estas mentiras ayer se publicó el Informe de Posicionamiento Terapéutico de estos dos medicamentos, sin el cual los médicos no pueden prescribir la medicación a nadie”, denunció Cortés.

Según señaló la Plataforma, el ministerio destinó una partida de 125 millones de euros para la compra del fármaco, lo que supondría el suministro de unos 4.900 tratamientos, mientras que en España hay cerca de 300.000 pacientes de hepatitis C diagnosticados. A este respecto, el actor Carlos Bardem señaló que cada día mueren en España decenas de personas “porque se les niega un tratamiento que existe”.

Por su parte, el artista Shangay Lily también expresó su sensibilización con las protestas de los afectados, y afirmó que si empezase a dar ya el tratamiento a los pacientes desde el momento del diagnóstico, se evitarían muchas ocupaciones de camas en los hospitales, tratamientos más costosos y, sobre todo, trasplantes.

Bejarano denunció que no se puede hablar de sanidad pública universal, al señalar que 900.000 personas carecen de tratamiento asegurado para su enfermedad. “Tenemos una sanidad pública al servicio de la privatización, con menos calidad, con menos recursos materiales y humanos. Hay que actuar”, concluyó.