Dijo que la Comunidad tiene "competencias propias" al respecto y pidió que “se implementen este tipo de medidas que supondrán un paso más en la lucha de la sociedad madrileña contra la violencia de género”.

Igualmente, IU propone “establecer como requisito obligatorio la formación en igualdad de género y violencia machista para el personal que preste sus servicios en los juzgados y fiscalías de la Comunidad de Madrid y especialmente para el personal que forme parte de los equipos psicosociales de los juzgados y el servicio de traducción e interpretación”.

Espinosa dijo que el origen de esta iniciativa está en la decisión del “Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que condenó, en el verano de 2014, al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de los derechos de Ángela González, una mujer víctima de violencia de género, y su hija Andrea".

Señaló que "la ONU establece de forma contundente que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela por el maltratador y condena al Estado por no proteger a ella y su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a Ángela por los daños causados”.

Explicó que Ángela González, denunció en más de 30 ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían, y solicitó medidas de protección para ambas.