La reunión comenzó pasadas las 10.00 horas de la mañana y contó con la presencia de 23 de sus 25 integrantes, a los que hay qua añadir a Torres-Dulce. El documento que defiende José María Romero de Tejada en nombre de los fiscales catalanes se pronuncia en contra de la querella por entender que es "discutible" interpretar la decisión de suspender la consulta del Tribunal Constitucional como una orden expresa, cuyo desacato implique un delito de desobediencia.

El informe suscrito por unanimidad por la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña parte de la afirmación, como "hecho notorio", de que el pasado 9 de noviembre se celebró en Cataluña una "consulta planificada y auspiciada por el Govern de la Generalitat", en la que se llamó a los catalanes a "pronunciarse mediante voto escrito y secreto sobre el futuro político de Cataluña, y en concreto, sobre si debía constituirse en un Estado y si ese Estado debía ser independiente de España".

Los fiscales insisten en sus conclusiones en que "resulta discutible la existencia de una 'orden', entendida como la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta". Los fiscales de Cataluña señalan también que "la ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos" y destacan que "la providencia del TC tampoco se dirige a un destinatario concreto".

Por su parte, Torres-Dulce ha puesto sobre la mesa un argumentario para jutificar su propuesta de querellarse contra Mas, la vicepresdenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por delitos de desobedienca, malversación de fondos públicos, usurpación de funciones y prevaricación, por la convocatoria de un referéndum encubierto y el uso de instalaciones públicas (colegios e institutos) en su celebración.

Después de reunirse con los fiscales catalanes y de que éstos decidieran, en contra de su criterio, que no hay motivo para querellarse contra los máximos representantes del Ejecutivo catalán por la convocatoria de la consulta ciudadana, su superior jerárquico ha optado por trasladar el debate a la Junta de Fiscales.

Esta opción representa un reconocimiento implícito de la insumisión de los fiscales catalanes y supone trasladar a un órgano de carácter consultivo una decisión que podría imponer el propio fiscal general, si hiciera valer su condición de superior jerárquico.

La Junta de Fiscales está compuesta por 25 miembros y sus decisiones no son vinculantes para el fiscal general del Estado. En la actualidad, su composición es equilibrada entre progresistas y conservadores.

En principio, Torres-Dulce tendría previsto acatar la decisión de la Junta, que, según fuentes jurídicas, acordaría como máximo querellarse por desobediencia contra Mas y Ortega, sin incluir a otros miembros del Gobierno catalán ni contemplar los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.