El titular de Justicia hizo estas declaraciones ante de asistir a un acto protocolario en el Consejo General del Notariado. Allí dijo a los periodistas que mientras el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, no se pronuncie sobre este asunto, al Gobierno de Mariano Rajoy sólo le queda “esperar”.

La Junta de Fiscales de Sala se reunirá mañana a partir de las 10.00 horas para pronunciarse sobre la posibilidad de presentar una querella contra el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat por un posible delito de desobediencia en la celebración del 9-N, después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, decidiera consultar a este órgano.

Tras reunirse con los fiscales catalanes y que estos decidieran, en contra de su criterio, que no hay motivo para querellarse contra los máximos representantes del Ejecutivo catalán por la convocatoria de la consulta, su superior jerárquico ha optado por trasladar el debate a la Junta de Fiscales.

El ministro recordó que los fiscales de Cataluña ya se han pronunciado sobre estos hechos y que la Junta de Fiscales de Sala lo hará mañana en una reunión con Torres-Dulce. En esta tesitura, el Ejecutivo, dijo, tiene que “respetar los protocolos” consultivos y de decisión del Ministerio Fiscal y esperar a que culminen los procedimientos de toma de decisión.

Torres-Dulce reconoce con esta convocatoria la insumisión de los fiscales catalanes y decide trasladar a un órgano de carácter consultivo una decisión que podría imponer el propio fiscal general, si hiciera valer su condición de superior jerárquico, una circunstancia que le recordó el ministro con su apelación al carácter jerárquico de la institución que dirige.

La Junta de Fiscales está compuesta por 25 miembros y sus decisiones no son vinculantes para el fiscal general del Estado. En la actualidad, su composición es equilibrada entre progresistas y conservadores.

Torres-Dulce acordó esta convocatoria tras recibir la comunicación de la Fiscalía Superior de Cataluña, que indica que "por el momento no procede iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso de participación ciudadana", después de que seis de los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mostraran su oposición a presentar la querella.

En principio, Torres-Dulce tendría previsto acatar la decisión de la Junta, que, según fuentes jurídicas, acordaría como máximo querellarse por desobediencia contra Mas y Ortega, sin incluir a otros miembros del Gobierno catalán ni contemplar los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.