El Pleno del Parlamento autonómico ya acordó presentar este recurso contra el real decreto ley por el que el Gobierno central concedía a ACS una indemnización de más de 1.300 millones por la paralización del proyecto de almacén de gas submarino.

Sin embargo, el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias es preceptivo para que la cámara pueda presentar efectivamente este recurso de inconstitucionalidad.