Así lo dijo, en declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, Pablo Llanera, al ser preguntado por la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala por parte del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras recibir ayer una comunicación de la Fiscalía Superior de Cataluña en la que se indicaba que, por el momento, no procede iniciar acciones penales contra los responsables de la consulta del pasado 9 de noviembre, a pesar de que el fiscal general había ordenado la presentación de la querella.

“Es infrecuente una discrepancia entre fiscales subordinados y la Fiscalía General del Estado”, aseguró Llanera. No obstante, dijo que tampoco puede tacharse de “anormal” este hecho, puesto que es una realidad que contempla la propia regulación del Ministerio Fiscal.

En el caso de Cataluña, el representante de este colectivo dijo que ignora si hay una crisis abierta en la Fiscalía y aludió una “divergencia de criterios” sobre las acciones penales a tomar sobre el proceso de participación ciudadana del 9-N.

Además, apuntó que “el hecho de que el fiscal general haya oído el parecer jurídico de aquellas personas que tienen responsabilidades pero que están subordinados es algo que pone en valor la figura” de Torres-Dulce, puesto que la decisión de presentar una querella contra los responsables del 9-N podría haberla tomado “sin considerar las reflexiones jurídicas del resto de subordinados”.

En este sentido, Llanera explicó que será Torres-Dulce quien finalmente resuelva cómo se debe proceder en este caso. No obstante, aseguró que esta decisión la tomará después de haber “enriquecido su criterio” con las valoraciones de otros fiscales.