De esta forma, asegura CSI-F, "el fiscal da carta de naturaleza" a la denuncia formulada por este sindicato para que el juzgado investigue si se aplicaron erróneamente los protocolos, si no se proporcionó formación suficiente a los profesionales o si los equipos utilizados no fueron los adecuados.

A finales del pasado mes de octubre, CSI-F presentó cuatro denuncias: dos contra el director gerente de La Paz-Carlos III ante la Fiscalía y la Inspección de Trabajo, y otras dos contra su homólogo del Summa 112 ante los mismos órganos. Este sindicato entiende que "ambos podrían haber incurrido en sendos delitos contra la salud de los trabajadores, tipificados en el artículo 316 del Código Penal, además de otros incumplimientos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y biológicos, y de los protocolos sanitarios".

Todas las denuncias iban acompañadas de abundante documentación y de testimonios de trabajadores que ahora obran en poder del juzgado. Además, CSI-F aportó a estas denuncias "un nuevo dato que evidencia las irresponsabilidades cometidas en los primeros momentos de la crisis: el Centro Coordinador de Urgencias decidió no comunicar a Salud Pública los signos evidentes de la enfermedad de la auxiliar de enfermería, pese al testimonio del médico que la atendió en su domicilio, que alertó de que presentaba signos de haber sido infectada, y el riesgo evidente al que se expuso posteriormente a los profesionales sanitarios".