La petición se traslada a través de una proposición de ley para que el Congreso modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y, presentada por el grupo parlamentario de CiU, salió adelante con los votos también de ERC, PSC, ICV-EUiA y CUP, que también rechazaron las enmiendas del PP y Ciutadans.

Una vez aprobada, la iniciativa se remitirá a la Mesa del Congreso, que tendrá que decidir si admite a trámite una propuesta que convertiría al catalán en requisito para las oposiciones y los concursos para cubrir vacantes de jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y otros funcionarios en Cataluña. Lo mismo ocurriría con el aranés por lo que respecta a los que ejerzan en el valle de Arán.

La modificación de la Ley del Poder Judicial también supondría que las partes que se personen en un juicio puedan recibir las notificaciones en la lengua oficial que prefieran, y que éstas tengan plena validez sin necesidad de traducirlas al castellano.