En declaraciones a Onda Cero, Cospedal argumentó esta afirmación indicando que la ley "incorpora algunas mejoras de otras leyes similares que se han aprobado en otras comunidades autónomas", hasta reconocer “un nivel altísimo de protección y de defensa a los derechos de las personas con discapacidad”.

Según esbozó, la norma comprende los ámbitos sanitario, educativo y laboral y el papel que han de jugar las administraciones y las empresas privadas. "Si hay personas, entidades o administraciones que incumplen el derecho a la igualdad básica de personas que tengan algún tipo de discapacidad, las sanciones son evidentes y estarán establecidas formalmente”, advirtió.

La presidenta subrayó también la “especial dedicación a la mujer con algún tipo de la discapacidad, tanto en el ámbito de la integración laboral, porque también en este campo las mujeres estamos peor que los hombres, como en el acceso a la vivienda para estas mujeres o para aquellas que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia".

Cospedal aprovechó para recordar que tanto el Gobierno autonómico como las Cortes cuentan con sendas comisiones permanentes “para debatir todo tipo de normativas que puedan afectar a personas con capacidades distintas”.

Finalmente, reivindicó que pese al “momento económico complicado, en esta legislatura tenemos más plazas que en la anterior para atender a personas con discapacidad en centros residenciales y centros de día, y vamos a terminar la legislatura con más centros dedicados a personas con discapacidad”.