Fuentes jurídicas explicaron que estas diligencias se centran en las posibles cesiones de locales por parte de la Generalitat catalana, como ayuntamientos o colegios públicos, para la celebración de la consulta, que podría ser constitutiva de delito.

Asimismo, dichas fuentes recuerdan que el Tribunal Constitucional suspendió esta semana la celebración de la consulta alternativa convocada por Artur Mas para este domingo, decisión tomada por los magistrados tras la impugnación presentada por la Abogacía General del Estado.