Societat Civil Catalana denunció que, pese a que el Tribunal Constitucional ha suspendido el proceso participativo, en los últimos días se están remitiendo a los domicilios particulares comunicaciones de la Generalitat animando a la participación en el 9-N.

Estas comunicaciones van dirigidas personalmente a los ciudadanos, con nombre, apellidos y direcciones postales, y se indica que se hace en base al Registro de Población de Cataluña, fichero del Idescat.

Sin embargo, tal y como recoge el artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, los datos de este Registro son de utilización municipal y solo para fines estadísticos, por lo que su uso más allá de lo establecido en la ley podría ser constitutivo de delito.

La denuncia ante la Fiscalía la han presentado, en nombre de Societat Civil Catalana, su vicepresidenta tercera, Susana Beltrán, el vocal Rafael Arenas y el miembro de la sectorial de juristas de la entidad Alejandro Rusiñol.