En una entrevista con Servimedia, dijo que es “una vergüenza” la política de inmigración del Gobierno socialista “a base de bandazos. Han pasando de las regularizaciones masivas y del ‘papeles para todos’ a hacer redadas contra estas personas, lo que es inaceptable”.

Tras explicar que la Comunidad de Madrid es “ejemplar en la integración de inmigrantes”, señaló que la “indefinición legislativa y en las políticas de inmigración del PSOE genera problemas a las administraciones a la hora de aplicar sus cambios de criterio”.

A su juicio, “esos cambios de política produce consecuencias nefastas para la integración de los inmigrantes y también para la sociedad madrileña”.

Criticó las “incertidumbres que genera la política del PSOE”, al que pidió que “clarifique la legislación para que no se den situaciones como estas”, refiriéndose a los conflictos sobre empadronamientos de inmigrantes en Vic y Torrejón de Ardoz.

Respecto al Ayuntamiento de Torrejón y a las pegas que se pone al empadronamiento de los inmigrantes, dijo que el Consistorio “se ha planteado velar por el interés de los inmigrantes, y para que tengan garantías de un mínimo de bienestar se ha intentado combatir los pisos pateras”.

También se refirió al desarrollo de la Ley de Dependencia y dijo que en Madrid “no existe un problema mayor que en otras comunidades a la hora del reconocimiento de las personas dependientes”.

Tras destacar que Madrid es la comunidad con más recursos asistenciales, plazas residenciales y ayudas a los dependientes, explicó que el proceso de aplicación de la citada Ley es “complejo si se quiere hacer bien”.

Afirmó que si la Comunidad “ha ido mas despacio es porque se toma en serio este tema y cumple con rigor le ley”, dijo que “lo fundamental es actuar rápido” y manifestó que “no son deseables largos periodos de espera”.

Asimismo, se quejó de que Madrid no esté contando con el apoyo del Gobierno central para su aplicación, que la está realizando “en solitario” la Administración regional, “con gran esfuerzo económico”.

Por último, indicó que de cada diez euros que se destinan a las personas dependientes, ocho los aporta la Comunidad de Madrid y dos el Gobierno central, al que acusó de “hacer propaganda y dejar que el esfuerzo económico recaiga en las comunidades”.