Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz, Pablo Llanera, sostuvo que la decisión del Constitucional reafirma que la nueva consulta “no es sino una derivación del referendum convocado y anulado”. Se trata, agregó, de una “extensión” de esa primera consulta y por tanto “ilegal”.

Llarena, en declaraciones a Servimedia, remarcó que “la decisión proviene del órgano judicial al que le correspondía” y “como jueces estamos a los que diga”.

Agregó que “desde el espacio oficial la consulta no puede sustentarse” y “es dificil” que pueda abordarse por parte de particulares, máxime porque es dificil que lo puedan acometer.

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Marcelino Sexmero, apuntó que teniendo en cuenta que la consulta alternativa del 9-N “no era más que la misma que la anterior consulta ya suspendida”, era de “prever” y una decisión "muy lógica" la suspensión de la misma. Además, este magistrado apostilló que esta nueva votación era un “fraude de ley”.

"CON INDEPENDENCIA"

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Fiscales, Emilio Frías dijo que hay que tener “máximo respeto” ante las decisiones del Tribunal Constitucional y no tiene “menor duda” de que el Constitucional está resolviendo este caso “conforme a derecho y con independencia”.

Similiar posición adoptó el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, quién transmitió a Servimedia su “máximo respeto” por esta decisión del Alto Tribunal de frenar la consulta secesionista del 9-N y defendió que el TC es un órgano del Estado “que cumple su función” y actúa con “independencia”.