Sin embargo, según recoge en el informe España 2018 presentado este lunes, estas medidas deben "penalizar lo menos posible" la recuperación del crecimiento económico, por lo que "debería recaer en mayor medida en recortes del gasto frente a incremento de ingresos".

Para el CEC es "imprescidible" que no haya desviación sobre los presupuestos del Estado y que "se aprueben nuevas medidas que permitan reducir de una manera más ambiciosa la deuda pública".

Por un lado, el 'think tank' de las grandes empresas españolas reclama una "implantación más acelerada de la reforma del sistema de pensiones", incluida la del año 2011 y que prevé retrasar la edad ordinaria de jubilación a los 67 años en un periodo transitorio de 15 años.

Por otro lado, aboga por aumentar la lucha contra el fraude fiscal y laboral, que permitiría una recaudación adicional de unos 20.000 millones de euros al año.

También reclama una "mayor racionalización y eficiencia del personal de las administraciones públicas" para situarlas en niveles promedios en Europa, con un impacto cercano a los 5.000 millones de euros.

Asimismo, aboga por la activación de un plan de gestión activa del patrimonio público, incluyendo privatizaciones, que suponga una caída de la deuda de al menos 35.000 millones de euros.

El CEC insta también a "acelerar" la ejecución y garantizar el cumplimiento de las medidas de reestructuración de la Administración Públicas y del sector público empresrial para reducir el gasto corriente en 17.500 millones de euros.

Por su parte, el Consejo reclama que se aumente el tamaño medio de los municipios mediante la fusión o supresión de algunos de los actuales, que permitiría un ahorro superior a los 6.000 millones de euros al año.

Por último, considera que se deben fijar "mejores prácticas de gasto público" y una "adecuada política de externalización y subcontratación de servicios para evitar sobrecostes" que "algunos análisis cifran en una capacidad de ahorro de, al menos, 20.000 millones de euros".