De la Vega salió así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al paso de la supuesta incoherencia entre el hecho de que el padrón incluya a los inmigrantes ilegales y la Ley de Extranjería dictamine su expulsión.

En su opinión, el que se ha creado "es un debate oportunista y malintencionado", porque "la inmensa mayoría de los extranjeros empadronados están en situación legal y trabajan con plenas obligaciones y derechos de ciudadanía", porque, aseguró: "Es la política que ha promovido este Gobierno". Además recordó que la crisis ha provocado un descenso del 56% en el número de inmigrantes empadronados.

La vicepresidenta no quiso entrar a "opinar sobre las distintas opiniones" que han surgido en la polémica. Recordó que el Parlamento abordó la modificación de la Ley y que ahora, durante la Presidencia española de la UE, se acometerá una evaluación del Pacto Europeo por la Inmigración, que da gran importancia a la "integración".

De la Vega quiso resaltar que la inmigración es "una realidad que nos aporta muchos aspectos positivos", aunque se tienda a hablar de los negativos. Preguntada por la demanda de más recursos para los ayuntamientos que ha formulado el alcalde de Vic, se limitó a remarcar la tradicional apuesta del Gobierno por las políticas sociales y a prometer que "se adoptarán las medidas pertinentes".

Finalmente, reafirmó la apuesta del Gobierno "por una inmigración legal y ordenada" la "lucha contra la inmigración ilegal" y las mafias y, finalmente, la "integración" de los extranjeros residentes en España. A su juicio, "es la política que ha dado resultado". Por tanto, y aunque indicó que nunca va a "cerrar la posibilidad de un debate", "la posición del Gobierno ya ha sido expresada claramente".