El Congreso de los Diputados debate actualmente la regulación o no del proceder de estos grupos de presión, con motivo de la reforma del Reglamento de la Cámara.

Para el Cermi, que opera como instancia cívica de presión de la discapacidad organizada, la creación de un registro de grupos de presión y el sometimiento de estos al cumplimento de una serie de requisitos supone un avance para la calidad y la transparencia del sistema democrático, y deben formar parte de una serie más amplia y ambiciosa de medidas de regeneración de lo público que precisa España.

"La publicidad, la transparencia y la existencia de un conjunto de reglas a las que atenerse benefician a los grupos de interés de como el de la discapacidad que defiende derechos y que ejerce tareas de incidencia política siempre en defensa de propuestas y demandas legítimas, absolutamente claras y explícitas", señala el Cermi en una nota.

El Comité concluye señalando que "la discapacidad organizada no tiene agenda oculta, sus intereses son siempre legítimos y confesables, por lo que la regulación de los grupos de presión y de interés permitirá plantearlos y defenderlos de modo más eficaz y productivo".