C. Valenciana. La Generalitat urge al Estado convocar la comisión mixta de trasferencias para el traspaso de los chiringuitos
- Tras el fracaso de la reunión de este jueves con el Ministerio de Medio Ambiente
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
El consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana, Serafín Castellano, urgió este viernes al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a que se convoque de forma urgente la Comisión Mixta de trasferencias Estado-Comunidad valenciana para que se pueda tratar el traspaso de competencias de los chiringuitos al Gobierno autonómico.
En esta línea, Castellano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno valenciano, aseguró que la Generalitat ya realizó la solicitud formal de convocatoria de la comisión mixta, pero "no hemos tenido respuesta hasta la fecha".
Además, acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de generar polémica "con el cambio de criterio en la aplicación del reglamento sin haber sido cambiada la ley".
Castellano se refirió a la reunión que mantuvo este jueves con el director general del Mar, Juan Carlos Martín, quien se limitó a decir que estudiará caso por caso para ajustarlo a la ley.
De este modo, dejó claro que en el encuentro "trasladamos no sólo la posición de la Generalitat" sino la del sector hostelero y los ayuntamientos.
Así, dijo, "ante la falta de respuesta, de sensibilidad y la negativa a los cuatro puntos que planteamos", Castellano se comprometió a "seguir trabajando para lograr un acuerdo estable y permanente para todos los locales del litoral valenciano y que las renovaciones de concesiones o permisos temporales no se hagan al arbitrio de la interpretación del ministerio".
Asimismo, aseguró no haber tenido respuesta al hecho de que "el ministerio otorgue unas concesiones que eran legales y de la noche a la mañana, sin cambiar la ley y por un criterio político, pasan a ser ilegales". Si es necesario, Castellano optó por modificar el reglamento.
Entre otras propuestas rechazadas por el Gobierno central, se dijo no a la moratoria planteada por la Generalitat para que, hasta que se llegue a un acuerdo, se sigan dando concesiones tal y como hasta ahora.
Esta negativa puede afectar a 5.000 trabajadores, centenares de empresas y a un volumen de negocio de más de 500 millones de euros, según el consejero.
(SERVIMEDIA)
22 Ene 2010
CDM/lmb