El Tribunal de Cuentas reclama “oficinas contables” para el CGPJ y los otros órganos constitucionales

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, reclamó hoy en el Congreso que el CGPJ y el resto de órganos constitucionales, como el Defensor del Pueblo, dispongan cada uno de ellos de “oficinas contables”, ya que esto ayudaría a la “transparencia” y a la “claridad” de su gestión.

Álvarez de Miranda hiz esta propuesta en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, donde este martes compareció para dar cuenta de diversos informes de su institución, entre ellos el primero que realiza sobre el CGPJ.

A este respecto, se refirió a que el órgano de gobierno de los jueces tiene una “singularidad contable”, que se extiende al resto de órganos constitucionales, entre las que están el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. Destacó que la característica especial de estas instituciones es que “no tienen oficina contable”.

Según Álvarez de Miranda, esta particularidad no es “muy deseable”, sino algo “que necesariamente debe rectificarse y modificarse”, ya que supone que estas instituciones “no registran la gestión de su propio presupuesto”. Esto implica que la auditoría de sus cuentas la hace la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Economía.

El responsable del Tribunal de Cuentas resaltó que el “efecto directo” de esta ausencia de oficinas contables implica que, para estas instituciones, “es fácil llevar extracontablemente un estado de liquidación del presupuesto, sin embargo no lo es tanto el disponer de unas cuentas anuales”.

Por este motivo, destacó que es “muy necesario tanto para el Consejo como para el resto de órganos constitucionales” disponer de una sección contable. Lamentó, en este sentido, que la creación de estas oficinas se haya eliminado del anteproyecto de Presupuestos, algo que se contemplaba inicialmente.

Al mismo tiempo, Álvarez de Miranda desgranó el primer informe de su institución sobre el CGPJ, en el que se han detectado "carencias de control interno" y "deficiencias" en el régimen de contratación del órgano de gobierno de los jueces.

El informe también destaca que se ha constatado en el Consejo la inexistencia de manuales que garanticen el cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación pública, así como la falta de previsión de los contratos. Esto ha llevado a cuestiones como la ausencia de motivación de las adjudicaciones o la falta de control en la ejecución.

(SERVIMEDIA)
28 Oct 2014
NBC