La sentencia recuerda que las directivas de electricidad y gas obligan a los Estados miembros a garantizar un nivel de protección elevado de los consumidores en relación con la transparencia de las condiciones contractuales, señaló Asgeco en una nota.

La normativa española recoge la obligación para las compañías de informar con antelación a sus clientes de los cambios de precios de la tarifa o de las condiciones generales. Esta sentencia toma especial relevancia con las nuevas modalidades de contratación de precios fijos y permanencias, al reforzar la obligación de informar a los consumidores de los cambios en sus contratos, debiendo ser aceptados y en caso de no serlo, pudiendo resolverse el contrato.

El Precio Voluntario para el Consumidor (PVPC), anteriormente TUR, está basado en una metodología que cálculo, no en precio estándar. Sin embargo, en la sentencia se resalta el derecho del usuario de conocer de forma previa el precio que se le va a aplicar cosa imposible en el caso del PVPC, máxime cuando no hay auditorias de costes ni competencia real.