El acuerdo fue suscrito por el delegado territorial ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Patricio Cárceles y el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE, Juan Moreno, en un acto presidido por el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera.

Tanto Cárceles como Moreno pidieron a las administraciones “tolerancia cero” contra el juego ilegal. En este sentido, el acuerdo prevé la puesta en marcha de un Observatorio y una comisión de seguimiento de la lucha contra este problema en Andalucía y el impulso coordinado del Plan de Responsabilidad Social y de Gestión Responsable de Juego.

Andalucía concentra el 48% del juego ilegal que se genera en España, sumaría más de 40,3 millones de euros que no tributa y son 1.202 los vendedores de rifas ilegales que operan en la comunidad, un tercio del total estatal. En este sentido, el delegado territorial de la ONCE pidió “contundencia a la Junta de Andalucía para acabar con una auténtica explotación de trabajadores que tienen una especial incidencia en los colectivos más desfavorecidos y vulnerables, y que constituye un fraude para el Estado y para las personas en su condición de consumidoras y usuarias”.

Asimismo, Patricio Cárceles, que reconoció el compromiso de la Consejería de Justicia e Interior en la lucha contra este fraude, insistió en pedir “que se erradique esta lacra del juego ilegal que es un fraude para todos, Estado, ciudadanos, trabajadores y consumidores”. Además, cree que el juego ilegal es “un ataque” a la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, “porque se aprovechan sin escrúpulos de su imagen”.

Por su parte, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE como organización integrante de la Plataforma en Defensa del Cupón y del Juego Legal, mostró su máxima preocupación por la creciente actividad de operadores que comercializa juego ilegal en Andalucía sin las debidas autorizaciones administrativas.

Moreno calificó esta actividad como ilícito penal al tratarse de “un claro fraude que atenta tanto contra los derechos de los trabajadores, como de los consumidores y usuarios, al dar origen a actos de engaño y de confusión que afectan negativa y directamente a las reglas del mercado del juego y a las personas usuarias que en muchas ocasiones se encuentran indefensas a la hora de la posibilidad remota de cobrar sus premios”.