Las entidades promotoras piden a las empresas un “acceso a la información veraz y de calidad, y de la máxima transparencia, sobre impacto en los derechos humanos y medioambiente”, que en ningún caso debe de estar en manos del autocontrol de las propias compañías.

En este sentido afirma que “deben existir unas reglas claras y normalizadas para el acceso” a la mencionada información debido a la importancia que se da al informe de responsabilidad social tanto por la Unión Europea como por parte del Gobierno español.

Así, el Estado debe ser garante de los derechos mediante “la regulación, las políticas, la supervisión y su actuación, es quien debe definir sistemas que aseguren la transparencia y el acceso a la información”, se afirma en el manifiesto.

Por lo tanto, instan a la Presidencia española de la UE a la “la regulación y definición de un marco normativo que asegure la transparencia y el derecho de acceso a la información económica, social y medioambiental de las empresas multinacionales.

Una información que, según las organizaciones, debe ser verificable, comparable y con un desglose suficiente por país y empresas filiales.