En dicho informe NCD analiza las leyes, políticas e iniciativas que afectan a la oferta de vivienda para las personas con discapacidad o con necesidades especiales por otras razones, como la edad o problemas de salud; y analiza qué ayudas públicas o privadas existen para acceder a ella.

El documento subraya que, a pesar de que existen normativas que hacen obligatoria la construcción de un determinado porcentaje de viviendas accesibles, con frecuencia constructores y promotores las incumplen lo que limita la oferta de vivienda adecuada para personas con discapacidad.

Por ello, los autores del estudio piden que se adopten medidas para garantizar la accesibilidad de las viviendas de nueva construcción, así como para facilitar el acceso a las ya construidas.

“El acceso a una vivienda adecuada y asequible es fundamental para que las comunidades ofrezcan más calidad de vida a las personas con discapacidad”, asegura Linda Wetters, presidenta de NCD.