Este gasto se enmarca en la Hoja de Ruta Difusos hasta 2020, elaborada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante casi un año para rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como la vivienda, los transportes y los residuos, entre otros.

Así lo afirmaron este viernes la directora general de la Oficina de Cambio Climático, Susana Magro, y el subdirector general de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático, Eduardo González, en un encuentro con periodistas en la sede de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en Madrid.

El actual Paquete de Energía y Cambio Climático de la UE obliga a reducir las emisiones de CO2 en un 20% respecto a 1990 para el conjunto de la Unión, que se traduce en un objetivo específico para cada país, que sólo afecta a los sectores difusos. En el caso de España, el objetivo de reducción es del 10% de emisiones en este ámbito en 2020 respecto a 2005.

Magro explicó que la Hoja de Ruta incluye 43 medidas, consensuadas con otros ministerios, universidades, ONG, sindicatos y organizaciones empresariales, con el fin de que España reduzca un 10% sus emisiones de CO2 en 2020 respecto a 2005 en los llamados sectores difusos, es decir, el residencial, el del transporte, el agrícola y ganadero, el de los residuos, los gases flourados y la industria no sujeta al comercio de derechos de emisión.

Señaló que el anterior ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, encargó elaborar la Hoja de Ruta Difusos 2020 para que España cumpla sus objetivos de reducción de gases de efecto invernadero sin tener que comprar derechos de emisión a terceros países.

Magro indicó que este documento fija un calendario para “desacoplar el crecimiento económico en las emisiones de CO2”, es decir, para el progreso en la economía suponga una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 10% en 2020.

Subrayó que si no se implantan estas medidas, España llegará a 2020 con 55 millones de toneladas más de emisiones de CO2, lo que podría suponer la compra de derechos de más de 250 millones de euros a otros países.

CREACIÓN DE 45.000 EMPLEOS AL AÑO

Por su parte, González comentó que “casi todas las medidas suponen, a la larga, un ahorro al ciudadano y generan empleo” y que únicamente dos no se traducirán en ahorro (el coche eléctrico y los biocombustibles de segunda generación).

Según los primeros cálculos, el empleo asociado a la puesta en marcha de estas medidas alcanza los 45.000 puestos de trabajo anuales (sobre todo, en el sector residencial), mientras que la inversión pública y privada ascendería a 27.000 millones de euros hasta 2020 (un 25% de fondos públicos, esto es, unos 7.000 millones de euros) y los ahorros acumulados hasta ese año se calculan en unos 21.000 millones de euros.

La Hoja de Ruta incluye 12 medidas para el sector del transporte, mediante el fomento del transporte colectivo y otros modos sostenibles de movilidad; 10 para el de la edificación, con la rehabilitación de edificios, y 9 para el sector agrícola y ganadero, que incluyen mejoras en fertilización.

Además, recoge otras siete medidas para el sector de los residuos vinculadas a la reducción del desperdicio alimentario, tres para el de gases fluorados y dos para el sector industrial no sujeto al comercio de derechos de emisión y que están relacionadas con la mejora de la eficiencia y el cambio a combustibles menos emisores.