El impago de la fianza de 16 millones de euros al expresidente Blesa y de 3 millones a su sucesor impuestas por el juez no les llevaría en ningún caso a la cárcel.

El pago de estas fianzas ha sido impuesto a petición de la Fiscalía Anticorrupción y con la adhesión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia. En ambas se incluyen tanto la responsabilidad civil que Blesa y Rato tendrían que afrontar en el caso de ser condenados por el uso de las tarjetas opacas como la multa del 25 por ciento que establece la ley.

Si llegado el miércoles próximo los imputados no pudieran depositar en el juzgado esas cantidades, el tribunal emprendería un proceso de “averiguación patrimonial”, en virtud del cual se dirigiría a los registros de Bienes Inmuebles, de Bienes Muebles, Mercantil y de la Propiedad, a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria para hacer un listado lo más completo posible de los bienes de su propiedad para proceder a su embargo.

El criterio para embargar es el de comenzar por los bienes que implican mayor liquidez, es decir, salarios, cuentas, acciones o fondos, para seguir por pisos y bienes de todo tipo. Para proceder al embargo, por ejemplo, de viviendas el tribunal se dirigiría al Registro de la Propiedad, al que solicitaría una nota simple para comprobar si la vivienda en cuestión tiene alguna carga y poder así hacer una valoración a cargo de un perito independiente.

En caso de que los imputados aporten bienes valorados por un perito de parte, ese peritaje se tendrá que comparar con el que haga un perito independiente designado por el juez. La fianza puede ser abonada por aval solidario, aportando una garantía hipotecaria, a través de un fiador personal o por medio de un pago metálico, que incluye la posibilidad de una transferencia bancaria. En el caso de la presentación de un aval bancario para satisfacer las cantidades exigidas, éste debería ser por el doble la cantidad impuesta por el juez.

Miguel Blesa, que ya ha pasado dos veces por la cárcel, salió del penal de Soto del Real el pasado 3 de octubre tras abonar en un plazo de 24 horas una fianza de 2,5 millones de euros que le impuso el juez Elpidio Silva para eludir la prisión provisional.