El magistrado estima que ambos pudieron incurrir en un delito continuado de administración desleal y no descarta que puedan encontrarse indicios de apropiación indebida a lo largo de la instrucción.

Andreu tomó esta decisión después de escuchar las declaraciones de los dos exresponsables de Caja Madrid y del que fuera director financiero de la Caja Ildefonso Sánchez Barcoj, que comparecieron ayer en el Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional.

Los autos indican que el uso ilícito de estas tarjetas por 86 directivos, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la Caja, “supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto de retributivo, no justificadas ni contractual, ni funcionalmente, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario o acuerdo alguno formalizado, ni órdenes o decisiones adoptadas por ningún directivo en las que se encuentre soporte o sustento que justifique la existencia, la entrega y la operativa de dichas tarjetas”.

Entiende que Miguel Blesa, imputado por esta causa, no ejerció “control o supervisión alguna respecto a los gastos que el uso de dichas tarjetas de crédito generaron”.

El juez señala en sus autos que la conducta de los dos expresidentes podría tipificarse indiciariamente como un delito continuado de administración desleal, sin perjuicio de que con posterioridad pudiera añadirse el de apropiación indebida.

BLESA Y RATO AUTORIZARON

El auto indica, en referencia tanto a Blesa como a Rato, que en su calidad de presidente “de la entidad, autorizó, mediante su entrega a nuevos consejeros o directivos que tomaban posesión de su cargo durante su mandato, y consintió el uso” de tarjetas, continuando con “dichas prácticas” y la emisión de “nuevas tarjetas, así como el gasto que las mismas generaban, que, por otro lado, era contabilizado de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores”.

El delito de administración desleal por el que se imponen las fianzas, según recuerda el magistrado en sus resoluciones, "sanciona a administradores de una sociedad que realicen conductas causantes de un perjuicio con abuso de las funciones propias de su cargo".

La petición del fiscal Alejandro Luzón aceptada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 tiene el objetivo de que los dos exdirectivos aseguren la responsabilidad civil y la multa que se les pueda imponer en un juicio oral. No se trata, por tanto, de una medida cautelar para evitar su ingreso en prisión.

Los imputados tienen de plazo hasta el próximo miércoles para depositar en el juzgado la fianza impuesta. Podrán interponer recurso de reforma, que en ningún caso supondrán el aplazamiento o suspensión del depósito de dicha fianza.