Recientemente, once países europeos, entre ellos España, alcanzaron un acuerdo para crear un nuevo impuesto o tasa a las transacciones financieras que comenzaría a aplicarse en el año 2015.

"Aunque los sectores sociales como el de la discapacidad representado por el Cermi consideran poco ambicioso el acuerdo político europeo, que se desplegará progresivamente, es imprescindible que los ingresos procedentes de esta tasa vayan a cubrir necesidades sociales de los grupos ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad", indicó el comité en una nota.

Según el Cermi, tras el acuerdo europeo, que aún debe perfilarse en el próximo mes de noviembre, la decisión de dónde y a quiénes destinar esos nuevos recursos económicos será en gran medida de cada Estado, por lo que "el Gobierno español ha de configurar la tasa a las transacciones financieras de modo que nutra un fondo dirigido a combatir la pobreza y las situaciones de exclusión, que la crisis desatada en 2007 no ha hecho más que exacerbar".