El secretario madrileño de la citada asociación, Eliseo Martínez, explicó que “decidimos impugnar ante el TSJM la norma, en concreto, la limitación de los cinco días, que no está justificada”.

“Se ha pedido que suspenda la ejecución de la medida de forma inmediata, de manera que no coloque en situación de ilegalidad a quienes quieren ejercer su actividad en el marco de la legalidad, pero con unas normas que por no ser de imposible cumplimiento, no implique una prohibición implícita”, manifestó.

Informó de que el primer recurso se presentó el 30 de septiembre, dijo que fue admitido a trámite y manifestó que “esperamos que antes de fin de año haya una decisión cautelar”.

Pablo Zubigaray, presidente nacional de esta entidad, afirmó que en el decreto aprobado “hay partes con las que estamos de acuerdo y hay otras que realmente hacen mucho daño a esta industria”.

Respecto al citado requisito, indicó que el 39% de los alquileres que se realizan son menores de cuatro días, por lo que "cualquier empresa que reduzca el 39% los clientes que llegan va a la quiebra inmediata”.

“Este requisito es difícil de cumplir y pone en peligro esta industria”, señaló.

Finalmente, apuntó que puede haber unas 5.000 viviendas de este tipo pendientes de regularizarse.