Catalá se refirió a este asunto en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde esta tarde comparece para explicar sus líneas de actuación en el Ministerio tras sustituir en el cargo a Alberto Ruiz-Gallardón.

En su intervención inicial, el ministro se refirió a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que presentará en las próximas semanas, después de la polémica generada durante la etapa de Gallardón. En concreto, el debate se abrió después de que una comisión de expertos propusiese suprimir o modificar la actual estructura de los partidos judiciales.

A este respecto, Catalá señaló que es “firmemente partidario de mantener la estructura actual del modelo judicial que tenemos en lo que se refiere a la actual demarcación”, en referencia a los partidos judiciales, que diversos Gobiernos autonómicos han pedido mantener.

PROXIMIDAD A LOS CIUDADANOS

Según el nuevo ministro, su criterio es que resulta “preciso confirmar los partidos judiciales como elementos que permiten prestar un servicio público de Justicia conforme a un criterio de máxima proximidad a los ciudadanos”. Añadió que esta estructura de los tribunales en España constituye una “manifestación de la presencia de los poderes del Estado en todo el territorio con la consiguiente garantía de que el imperio de la ley actúa por igual en todas partes”.

No obstante, Catalá dijo que esta intención de mantener los partidos judiciales no es “contradictoria” con su “firme voluntad” de buscar las mejoras precisas para que la demarcación judicial española funcione mejor. Apuntó que una posible mejora sería repartir mejor la carga de trabajo.

Al mismo tiempo, el ministro dijo que otra reforma en la que trabajará es la procesal y destacó, en este punto, que tiene intención de introducir cambios para evitar los llamados “macroprocesos” judiciales, ya que estas grandes causas están “desdibujando” el objeto de determinadas investigaciones.

Destacó que se trata de evitar la “concatenación sucesiva de piezas” en ciertas investigaciones, como en los casos de corrupción, de forma que se impida el retraso de las investigación y que la sociedad no tenga la impresión de que los acusados responden tarde de sus presuntas actuaciones irregulares.