Así consta en el Plan Presupuestario para 2015 del conjunto de las Administraciones Públicas españolas remitido este miércoles por el Gobierno a la Comisión Europea.

Desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recordaron que este plan se enmarca en un escenario económico de “recuperación”, con una previsión de crecimiento en 2015 del PIB del 2% y del empleo del 1,4%.

En el caso de las comunidades autónomas, en el documento se estima que durante el año 2015 se adopten medidas por importe de 3.199 millones de euros.

De este importe, 1.462 millones se corresponden con medidas de ingresos, de los cuales más del 90% tienen naturaleza tributaria. El Ejecutivo destaca la “plena implantación” del Impuesto sobre los Depósitos de Entidades de Crédito así como los derivados de impuestos relacionados con medioambiente e hidrocarburos.

De igual manera, el Gobierno señala que se ha considerado el ejercicio de la capacidad normativa de las comunidades en materia tributaria, “siendo las previsiones viables considerando este margen que no se llega a agotar”.

En este sentido, el análisis efectuado por el Ministerio de Hacienda estima que “existe margen de recaudación” en las comunidades por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales si se incrementara en todas las regiones al 10% y la recaudación adicional sería de 726 millones de euros.

En cuanto a Actos Jurídicos Documentados, por llevarlo al 1,5%, el margen adicional sería de 229 millones. Por su parte, con el Impuesto de Hidrocarburos se podrían conseguir 679 millones y con el que grava determinados medios de transporte unos 44 millones de euros.

En total en estos tributos existe un margen de 1.678 millones no utilizado, todo ello en base a datos de 2013, asegura el Gobierno.

Por su parte, en el área de gastos se estiman medidas por importe de 1.737 millones de euros, encaminadas, en su mayor parte, a un mayor control de los gastos corrientes en bienes y servicios, el fomento en la aplicación de sistemas centralizados de compras y los ahorros esperados en materia de farmacia.

A todo ello se unen los efectos derivados de la culminación de los procesos de racionalización de empresas del sector público autonómico.

En la cuantificación de estas medidas, en el ámbito de los gastos de personal, debe señalarse que cada comunidad puede “adoptar voluntariamente” la medida estatal de devolución del 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012., recuerda el Ejecutivo.