Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial argumentan su decisión asegurando que en el juicio contra Flórez, que comenzará el próximo lunes, se tratarán informaciones y documentos “cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad del Estado y los intereses fundamentales de la nación”.

El tribunal ha accedido de esta forma a cumplir la voluntad del Gobierno, quien a través de la Abogacía del Estado había solicitado formalmente que las sesiones del juicio oral se celebren a puerta cerrada.

Pero la movilización del Gobierno no se limitó a la petición de la Abogacía, sino que desde el Ejecutivo se realizaron varias llamadas telefónicas para asegurarse de que el juicio se llevará a cabo con el máximo secreto, según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas próximas al tribunal.

El escrito de calificación de la Abogacía del Estado solicita de forma complementaria que se adopten “las medidas necesarias para asegurar la protección de los datos personales y apariencia de los miembros del CNI propuestos como testigos –incluidos su ex director, Alberto Saiz-, cuidando especialmente que los mismos no sean vistos por el acusado, a fin de preservar su identidad”.

El auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid hecho público este jueves indica que “las circunstancias que concurren en la presente causa justifican que se celebre el juicio a puerta cerrada, sin público ni prensa”.

TRAICIÓN A LA PATRIA

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan en sus escritos 12 años de prisión para Flórez, al que acusan de un delito de traición a la patria. De forma subsidiaria, el escrito de la Abogacía ofrece la posibilidad de que el presunto “topo” sea condenado a cuatro años de prisión por un delito de revelación y descubrimiento de secretos e informaciones relativos a la defensa nacional.

Flórez fue miembro del CNI desde marzo de 1991 hasta marzo de 2004, cuando solicitó su baja voluntaria. Durante esos 13 años de servicio, el agente trabajó en diferentes áreas y departamentos, “lo que le permitió acceder a información de muy distinta naturaleza así como establecer contactos personales y conocer la dirección informativa de numerosos colaboradores del CNI”, señala el escrito de la Abogacía.

Las sospechas sobre la existencia de un “topo” en el interior del departamento de inteligencia españoles surgieron después de que los servicios secretos rusos desbarataran hasta tres operaciones del CNI en el país, acciones que estaban destinadas a ampliar la red de informadores locales.